Mi querido y recordado alcalde Alfonso Cañas me lo repetía una y otra vez: en los juzgados uno sabe como entra, pero nunca como sales. Existe, por qué negarlo, un miedo atávico en la ciudadanía cuando recibe una cita del juzgado sin saber el porqué. La mayoría nos ponemos en lo peor. Nos cuesta reconocerlo, pero es así. Es como si nos enfrentásemos a un poder omnipotente que puede torcer nuestra vida para siempre porque desconocemos sus códigos y como podrán ser utilizados.
No no nos atrevemos a expresar lo que sentimos en público. Vaya por, delante que, como en todos los colectivos, hay de todo. Y la crítica, aunque general, no es aplicable a cada juez o fiscal en particular. Son personas con su ideología, carácter y personalidad y la mayoría lo apartan para dejarse llevar solo por lo que dice la ley; pero su interpretación nunca la sabemos. Dejando aparte que los medios, abogados, pruebas e informes con los que nos presentamos y pretendemos defendernos nunca son los mismos, debido esencialmente a la economía de cada cual. Son el tercer poder aunque a veces nos parezcan el primero.
Doy un salto y me voy a conceptos que deberíamos tener claros. Casi nadie discute que la democracia es un sistema imperfecto, pero que es el mejor que la sociedad ha aprendido para organizarse. Tiene a mi entender tres principios claros que olvidamos con frecuencia. No soy ni catedrático de derecho constitucional ni abogado ni juez, simplemente un ciudadano preocupado por los olvidos que tienen algunos de los medios de comunicación, los tertulianos, los jueces y muchos políticos.
Primero: el poder soberano lo tiene el pueblo que lo manifiesta a través de las votaciones. A veces se nos olvida que todos los votos valen igual: el que vota a un partido independentista, el que vota a uno fascista, o el más normalizado y común. Son las Cortes Generales, en el caso español, quienes tienen delegado ese poder. El Senado no está pensado para controlar al parlamento, como se está usando últimamente: es un órgano de representación territorial y de segunda lectura.
Segundo: la división de poderes. El legislativo en la Cortes generales, el ejecutivo en el gobierno y el judicial en los tribunales. Pero seguimos olvidando que el único que tiene el poder directo es el legislativo; los demás tienen un poder delegado, tanto el gobierno como los jueces, que les cede las Cortes Generales.
Tercero, y a mi entender el más importante. Todo poder tiene que tener su contrapoder, si no caeríamos en una dictadura. El legislativo lo elegimos cada cuatro años. El gobierno lo eligen las Cortes y lo pueden destituir a través de mociones de censuras o pasados los cuatro años. Me pregunto: ¿cuál es el contrapoder del poder judicial? Los ciudadanos no podemos echarlos si no realizan bien sus funciones. Quien puede y debe nombrarlos y destituirlos es el pueblo a través poder legislativo, nombrando el consejo del poder judicial que, por cierto, lleva cinco años interino. Y no podemos aceptar que se elijan entre ellos. A eso lo llaman independencia judicial cuando deberíamos decir independencia particular y exclusiva para defender los intereses de su colectivo por encima del resto de los ciudadanos. Independencia del poder político pretenden, olvidando que el poder político emana del pueblo y es votado cada cuatro años. A eso que algunos proponen se le llama corporativismo. Solo hay que consultar Internet y ver cuántos jueces han sido apartados de la carrera judicial entre los miles que ejercen. Su función es aplicar la ley, no interpretarla ni utilizarla para otros intereses. Ese es el proceder de una mayoría de jueces. Por otro lado, con el mismo argumento, los médicos, educadores o militares… podrían elegir a sus compañeros para nombrar, regular, ordenar, o apartar a sus representantes. Y a mí no me sirve eso de que sus sentencias pueden ser recurridas ante órganos superiores porque el dinero necesario hace totalmente inviable que cualquier ciudadano de a pie pueda hacerlo y mejor no hablar de los abogados de oficio, mal pagados y sin medios.
Los periodistas se consideran el cuarto poder. No sé quién los ha nombrado para ejercerlo si no es la empresa, normalmente particular, con sus intereses económicos e ideológicos, ante la que responden, o las subvenciones que reciben de las instituciones dependiendo del color político de estas. Bienvenida su información, su investigación y su crítica, pero nada más. Tienen los derechos y deberes que les reconoce la Constitución como a cualquier ciudadano de a pie, pero no un mazo para impartir justicia desde las tertulias.
No, no digo nada nuevo; pero, a veces, se nos olvidan las evidencias más sencillas.
Rafael García Conde.
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