¿Hay en nuestros centros escolares una representación equitativa de la realidad económica de su zona de influencia? ¿De quién depende esto?¿Equilibran la balanza o mandan siempre al alumnado que llega con más carencias a los mismos centros?
Estas preguntas son clave no solo para entender la necesidad de las medidas contra la segregación escolar que presenta la nueva ley educativa sino también para entender hasta qué punto se ha debilitado nuestra conciencia social y se ha afianzado el individualismo más descarnado que, además, pretendemos disfrazar de lucha por la libertad. ¿De qué libertad estamos hablando?
Hace ya mucho tiempo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU insta a España a llevar a cabo políticas educativas que frenen la segregación escolar; pero no hemos hecho nada. El 46.8% de nuestros centros educativos se han convertido en guetos (9 de cada 10 son centros públicos). Según la ONG Save the Children, un centro se convierte en gueto cuando la concentración de alumnado de bajos recursos supera el 50%. Como podréis suponer, convertirse en gueto trae consigo una sobrecarga de trabajo que va quemando al profesorado, harto cada vez más de la falta de recursos humanos y materiales para hacer frente a la situación y, como seres humanos que son, cuando pueden, cambian de lugar de trabajo, haciendo aún más difícil que se puedan llevar a cabo proyectos educativos estables. Y, por supuesto, ante esta situación, las familias que pueden, buscan para sus hijos otros horizontes, con lo que la situación se va degradando aún más.
¿De quién depende esto? De la Junta de Andalucía que actúa a través del Consejo Escolar Municipal y la Comisión de Escolarización. Ya sabemos que hay Comunidades más partidarias de la iniciativa privada que de la pública. Y ese es nuestro caso. Para llevar a cabo su política educativa basta con derivar más dinero público a la concertada y aumentar sus zonas de influencia (en Marbella son el doble que las de los centros públicos), presentándose además como defensores de la libertad para que las familias puedan elegir entre pública o concertada. Es más, dicen defender el derecho de los más desposeídos a escolarizar a sus hijos donde quieran; pero esto nunca es así. Sus plazas se llenan rápidamente y no hay lugar ni para la matrícula viva que es la que nos trae niños que necesitan mucha ayuda educativa por lengua o por diferencias de nivel ni para las necesidades de educación especial ni para determinados colectivos religiosos… Esto me suena a lo mismo que se trata de hacer con la sanidad pública y que ahora ha quedado al descubierto: necesitamos una sanidad y una educación pública fuerte porque es la única que puede garantizarnos un trato equitativo ya que no se mueve por criterios de rentabilidad económica. Y ese trato equitativo no se consigue tratando a todos por igual: hay que corregir las posiciones de partida y eso solo lo puede hacer un sector público capaz de compensar las diferencias de origen.
¿Sería posible corregir esta situación? Por supuesto. Se podría comenzar por rediseñar las zonas de influencia de los centros (me consta que un grupo de profesores ha presentado una propuesta al respecto que no ha sido tenida en cuenta). Podríamos seguir por mejorar nuestra información sobre cómo funcionan los centros que nos han tocado, no sea que la realidad no se ajuste a los comentarios que recibimos. Y también mejorar la información de esos otros centros que se venden como mejores, no sea que tampoco se ajuste a la realidad. Tendríamos también que revisar nuestra conciencia social y en vez del “sálvese quién pueda”, ponernos todos a la tarea de conseguir que el centro de nuestro barrio se convierta en uno de los mejores centros.
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